Los delitos de corrupción en Ecuador: ¿qué sanciona la ley y qué significan?
Los delitos de corrupción están tipificados en el COIP y sus penas varían.
En Ecuador los delitos de corrupción se castigan con cárcel.
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Actualizado:
29 jun 2026 - 22:16
Ante las recientes investigaciones contra autoridades locales, surge una duda recurrente: ¿qué delitos se consideran corrupción en Ecuador y cómo los sanciona el Código Orgánico Integral Penal (COIP)?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica varios delitos contra la administración pública, entre ellos peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión y tráfico de influencias.
La Fiscalía General del Estado señala que estas infracciones afectan el correcto manejo de los recursos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.
Además, la Constitución establece que los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles, es decir, pueden investigarse y juzgarse sin importar el tiempo transcurrido.
Peculado: usar o apropiarse de recursos públicos
Es uno de los delitos más conocidos. Se configura cuando un servidor público se apropia, utiliza o dispone arbitrariamente de dinero, bienes o recursos públicos que administra por razón de su cargo, o cuando obtiene un beneficio indebido de información reservada relacionada con su función.
Dependiendo de la conducta, las penas pueden llegar hasta los 13 años de prisión.
Este delito suele aparecer en investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, contratación o ejecución de obras.
Enriquecimiento ilícito: un patrimonio que no puede justificarse
Se produce cuando un servidor público incrementa su patrimonio, o el de un tercero, sin poder justificar legalmente el origen de esos bienes mientras ejerce sus funciones.
El aumento patrimonial puede reflejarse en dinero, inmuebles, vehículos, pago de deudas u otros activos.
La legislación prevé penas de hasta 10 años de prisión, según el monto involucrado.
Cohecho: recibir beneficios para favorecer decisiones
El cohecho ocurre cuando un funcionario recibe o acepta dinero, regalos u otro beneficio indebido para hacer, dejar de hacer, acelerar o retrasar un trámite o decisión relacionada con su cargo.
La ley también sanciona a quien ofrece esos beneficios.
Dependiendo de la gravedad del caso, las penas van desde uno hasta siete años de prisión.
Concusión: exigir pagos aprovechándose del cargo
A diferencia del cohecho, en la concusión es el funcionario quien exige u ordena el pago de dinero, contribuciones o beneficios que no corresponden, abusando de su autoridad.
Si además existen amenazas o violencia, la sanción puede alcanzar los siete años de cárcel.
Tráfico de influencias: utilizar el poder para beneficiar intereses
Este delito se configura cuando un servidor público aprovecha su cargo o su posición para influir en otro funcionario con el fin de obtener una resolución o decisión favorable para sí mismo o para terceros.
El COIP establece penas de entre tres y cinco años de prisión.
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