Deficiencias en dependencias judiciales son un nudo crítico en la seguridad de los jueces

Las falencias estructurales de los edificios judiciales se han convertido en uno de los principales factores de riesgo para jueces y fiscales en Ecuador, en un contexto marcado por el crimen organizado y violencia en el país

Así lo advierte el Informe de Diagnóstico sobre las Condiciones de Seguridad de los Operadores de Justicia 2025, elaborado por el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).

El estudio, construido a partir de mesas de trabajo y encuestas realizadas a juezas y jueces de distintas provincias, identifica amenazas tanto dentro como fuera de los espacios laborales.

Uno de los datos más alarmantes revela que, entre 2020 y 2025, se registraron al menos 40 atentados contra operadores de justicia, de los cuales siete fueron ataques armados a  dependencias judiciales a escala nacional.

Según el informe, las condiciones físicas de esos lugares constituyen un “nudo crítico” para la seguridad de los funcionarios judiciales.

Por ejemplo, la mayoría de los juzgados funcionan en inmuebles que no fueron concebidos para albergar funciones judiciales, como casas adaptadas, edificios arrendados o espacios compartidos con oficinas privadas “lo que impide implementar controles de seguridad adecuados”, señala el informe.

Incluso, el Consejo de la Judicatura advirtió que varios edificios "presentan fallas latentes, con altas probabilidades de llegar a condiciones críticas en semanas o meses, sino son intervenidos".

En medio de este panorama, el Consejo de la Judicatura aprobó el 10 de septiembre de 2025 la proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2026–2029.

El plan contempla un presupuesto total de 198 millones de dólares, destinados a la ejecución de 10 nuevos proyectos y a la continuidad de cuatro iniciativas de años anteriores.

Estos proyectos buscan "mejorar la infraestructura judicial, transformar el sistema digital, ampliar los servicios y renovar el parque automotor".