Corte Constitucional admite la demanda contra las actividades escolares y de docentes los sábados

La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Acuerdo Ministerial 00045-A, que dispone que los docentes laboren los días sábados y que los estudiantes participen en actividades complementarias. 

El caso continuará con una audiencia pública prevista para el 20 de julio de 2026.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) informó que la demanda fue admitida este lunes 13 de julio. La acción fue presentada junto con la CONASEP y la UNEM, y quedó registrada bajo el caso No. 120-26-IN. 

Corte Constitucional analizará el Acuerdo Ministerial 00045-A

Con la admisión del caso, la Corte Constitucional otorgó un plazo de 15 días para que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presente sus argumentos y defienda o impugne la constitucionalidad del Acuerdo Ministerial 00045-A.

Además, el organismo convocó a una audiencia pública telemática para el lunes 20 de julio de 2026, a las 11:00, en la que las partes procesales expondrán sus argumentos sobre la demanda.

La organización de maestros sostiene que el acuerdo establece la obligación de que los docentes trabajen los sábados bajo un mecanismo de compensación y dispone que los estudiantes asistan a actividades complementarias durante esa jornada. 

Los argumentos de la demanda

Según la UNE, la acción de inconstitucionalidad plantea que la medida podría afectar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, al modificar el tiempo destinado al descanso y al ocio. También señala que la disposición tendría impacto en los derechos laborales del magisterio.

El gremio sostiene que la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establecen una jornada ordinaria de 40 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, por lo que considera que la medida representa un cambio en las condiciones laborales vigentes.

La UNE también indicó que la obligación de laborar los sábados podría incidir en la conciliación entre la vida familiar y el trabajo. 

Además, reiteró que el proceso constitucional busca que se revise la legalidad del acuerdo ministerial.

Mientras se desarrolla el trámite, el Acuerdo Ministerial continuará su curso conforme a la normativa vigente.

 La decisión sobre su constitucionalidad será resuelta por la Corte Constitucional una vez concluido el análisis del caso y la audiencia convocada para el próximo 20 de julio.