Concejal de Quito dice que su denuncia apunta a altos funcionarios de Obras Públicas y a personas cercanas al Alcalde

Tras los allanamientos al Municipio de Quito, el concejal Michael Aulestia ofreció una rueda de prensa en la que detalló que la semana pasada presentó dos denuncias en Fiscalía por presunto peculado y lavado de activos.

Aulestia detalló en su denuncia la presunta existencia de una estructura de empresas, personas naturales y consorcios que habrían permitido a un mismo proveedor participar en varios procesos de contratación pública y obtener contratos con el Municipio de Quito desde 2022.

El caso está bajo investigación de la Fiscalía, que este miércoles 21 de octubre de 2026 realizó al menos tres allanamientos en dependencias del Municipio de Quito, un consorcio en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.

Aulestia sostiene que la estructura habría conseguido al menos USD 65 millones en contratos relacionados con obras viales públicas. 

En su denuncia, Aulestia apunta a altos funcionarios de Movilidad y Obras Públicas de Quito y funcionarios cercanos a la Alcaldía. El concejal aclaró que el alcalde Pabel Muñoz no está denunciado en este caso.

"Estarían involucrados altos funcionarios de Movilidad y Obras de Quito y funcionarios de confianza del alcalde Pabel Muñoz", señaló el Concejal.

Adjudicación de obras públicas viales

Según la denuncia del concejal, para eludir una restricción legal, ese proveedor habría creado distintos consorcios, integrados por empresas y personas naturales, que posteriormente participaban en nuevos procesos de contratación.

El artículo 49 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública prohibe que un mismo proveedor obtenga nuevos contratos cuando todavía tiene una obra en ejecución.

"El proveedor al que se le haya adjudicado previamente un contrato en una licitación de obras, no podrá obtener la adjudicación de un nuevo contrato de obra en la misma entidad contratante y por el mismo procedimiento de contratación, sea por adjudicación directa o consorcio, hasta que obtenga la recepción provisional de la obra anterior", señala la Ley.

"Como saben de esta prohibición de tener más contratos cuando se están ejecutando obras, se habrían creado consorcios con empresas y personas naturales y se han puesto de acuerdo para participar de los procesos de licitación y dentro de esos procesos se han adjudicado a cualquiera de consorcios que tienen que ver con el mismo proveedor", indicó Aulestia

El concejal sostuvo, este 21 de octubre, que consorcios se habrían presentado a diferentes licitaciones y que varios terminaron adjudicándose contratos de obra pública.

Durante un proceso de fiscalización que inició Aulestia hace aproximadamente tres meses, el funcionario identificó varios consorcios que, según su denuncia, tendrían relación con este proveedor.

Entre los mencionados están los consorcios viales: Calderón, Rehabilitación Vial, Eugenio Espejo, Asfaltado UIO, La Delicia, Sur, Los Conquistadores, Vías Quito, La Libertad, El Ejido, Ecovía, Amazonas y La Y, este último relacionado con el proyecto Quitopía.

Los contratos señalados corresponden principalmente a rehabilitación vial y asfaltado. 

¿Qué contratos están bajo investigación?

La Fiscalía informó que los allanamientos buscan recopilar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública en 2024, cuyo valor supera los USD 4 millones.

Aulestia pidió que la investigación se extienda al resto de procesos que, según su fiscalización, representarían aproximadamente USD 65 millones adjudicados en los contratos 

El concejal también solicitó que se revise información de los procesos adjudicados por el Sercop al proveedor y a las empresas que formarían parte de esta estructura. 

Pronunciamiento del Municipio

Tras los allanamientos realizados por la Fiscalía y la Policía Nacional en sus dependencias la tarde de este miércoles 21 de octubre del 2026, el Municipio de Quito se pronunció.

"Si algún funcionario actuó al margen de la ley, el Municipio será el primero en exigir que responda ante la justicia", sostuvo la Alcaldía de Quito.

El Municipio también recordó que un allanamiento no constituye una sentencia y pidió evitar que se establezcan responsabilidades antes de que avance la investigación.

"Nadie debe ser condenado de antemano y tampoco el trabajo de miles de servidoras y servidores municipales que cada día sostienen la ciudad", señaló el Municipio de Quito.

"Cada contrato de esta administración se adjudicó a través del Sistema Oficial de Contratación Pública, con procesos abiertos, público y verificables por cualquier ciudadano", añadió la institución.