Estos son cinco casos judiciales que conmocionaron al país y aún no han sido resueltos
Investigaciones por presunta corrupción que involucran a altas autoridades, exmandatarios y exfuncionarios llevan años sin resolución.
Hay procesos judiciales en Ecuador que llevan años sin una resolución
Tomada de la página Derecho Ecuador
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Actualizada:
26 ene 2026 - 13:43
Años de investigación, decenas de procesados y millones de dólares bajo sospecha. Ecuador arrastra una lista de procesos judiciales de alto perfil que, pese al tiempo transcurrido, aún no concluyen con una sentencia.
En su mayoría, se trata de investigaciones por presunta corrupción que involucran a exmandatarios, altas autoridades y exfuncionarios públicos. Algunos expedientes llevan casi siete años en espera de una resolución definitiva.
Estos son cinco de los casos que han conmocionado al país y que aún se espera una resolución:
Caso Sinohydro:
La construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair destapó una trama de presunta corrupción. Según la Fiscalía General, entre 2009 y 2018 se habría estructurado una red que operó alrededor del proyecto.
Según las investigaciones, se habría pagado aproximadamente 76 millones de dólares en sobornos, cerca del 4% del valor total de la obra, por parte de la empresa Sinohydro.
Las coimas, de acuerdo con la investigación, se habrían canalizado mediante terceros, falsas consultorías y supuestos servicios de representación, a través de dádivas, cheques y transferencias bancarias.
La investigación previa se abrió el 28 de marzo de 2019, dentro del denominado caso Ina Papers. Posteriormente, la Fiscalía solicitó la formulación de cargos contra 37 personas por presunto cohecho, entre ellas el expresidente de la República, Lenín Moreno y miembros de su entorno familiar.
En diciembre de 2025, un conjuez nacional llamó a juicio a Moreno y a otros procesados más como autores directos y cómplices. Sin embargo, casi siete años después del inicio del proceso, el caso aún espera una sentencia.
Caso Nene:
En el caso Nene se investiga una presunta oferta de tráfico de influencias dentro de la Vicepresidencia de la República. La investigación se inició tras una denuncia contra Sebastián Barreiro, el hijo de la entonces vicepresidenta Verónica Abad. Él habría ofrecido un cargo público a un tercero a cambio de un porcentaje mensual del salario.
Según el denunciante, el acuerdo contemplaba pagos mensuales de 1 700 dólares, además de una letra de cambio por 30 600 dólares, correspondiente a un año de remuneraciones.
Las primeras diligencias se ejecutaron en marzo de 2024, con allanamientos en Quito y Cuenca. Casi dos años después, el 18 de enero de 2026, la Fiscalía concluyó su presentación de pruebas y solicitó sentencia condenatoria. El Tribunal se encuentra en deliberación y el fallo aún no se ha hecho público.
Caso Vocales:
El caso Vocales inició en junio de 2022. Se investiga a Maribel Barreno y Juan José Morillo, entonces vocales del Consejo de la Judicatura, y a Vladimir Jhayya, por presunto tráfico de influencias.
El proceso se abrió tras la difusión de un audio en un medio digital, en el que se escucharía a los implicados coordinando acciones para favorecer a la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien buscaba mantenerse en el cargo mediante una acción de protección.
Según la Fiscalía, los exvocales habrían intentado influir en el juez para obtener un fallo favorable. Han pasado más de tres años desde el inicio de la investigación y aún no existe una resolución.
El último intento de instalar la audiencia de juicio fue en septiembre de 2024, pero fracasó por problemas de notificación. Desde entonces, no se han registrado nuevas diligencias.
Caso Triple A:
La presunta comercialización irregular de combustibles dio origen al caso Triple A, que investiga un posible perjuicio económico al Estado por diferencias entre el volumen de combustible despachado y el facturado.
Uno de los informes del Servicio de Rentas Internas reveló que una estación habría adquirido más de siete millones de galones, pese a contar con una capacidad de almacenamiento de apenas 10 000 galones.
Los primeros allanamientos se ejecutaron en julio de 2024 en Guayas. En abril de 2025 fueron vinculados a este proceso judicial, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras diez personas. En total, 16 personas y seis empresas son investigadas.
La audiencia de juicio prevista para diciembre de 2025 fue declarada fallida por la inasistencia de abogados defensores y se reprogramó para el 31 de enero de 2026. El caso sigue sin resolución.
Caso China CAMC:
El caso China CAMC investiga un presunto cohecho relacionado con la desvanecimiento de una glosa por más de 22 millones de dólares. Según Fiscalía, entre 2018 y 2021 la empresa habría entregado beneficios económicos indebidos utilizando como intermediario a Esteban C., hermano del excontralor Pablo Celi.
Los cargos se formularon en marzo de 2022. En junio de 2023, el juez llamó a juicio a varios implicados, incluidos el excontralor Celi. En noviembre de ese año se ratificó la orden de arresto domiciliario para dos de los procesados.
La última diligencia se registró en abril de 2024, durante una audiencia de revisión de medidas. Desde entonces, la audiencia de juicio continúa pendiente.
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