Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Caso Triple A: juicio contra el alcalde Aquiles Alvarez continúa con las pruebas de las defensas

Tras 10 días de acusaciones de la Fiscalía en el caso Triple A, arrancó el turno de la defensa por un presunto tráfico de combustible.

La defensa del alcalde Aquiles Alvarez presenta sus pruebas ante el Tribunal

Fiscalía

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

19 jul 2026 - 10:36

El juicio por el caso Triple A se reanudó este domingo 19 de julio de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. 

La diligencia continúa con la presentación de las pruebas de las defensas de los 15 procesados naturales y seis personas jurídicas, entre ellas empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, investigadas por la presunta comercialización ilegal de combustibles. 

Se reinstaló la audiencia en Quito

La audiencia de juicio comenzó nuevamente a las 08:30 de este domingo, luego de que el sábado 18 de julio se suspendiera tras la recepción de varios testimonios. 

En esta etapa, los abogados defensores continúan presentando pruebas y argumentos ante el tribunal. 

Continúa la fase de las defensas

Durante la jornada anterior declararon representantes relacionados con las empresas Copedesa, Corpalubri, Indudiesel y Ternape, como parte de la estrategia de defensa. 

Tras esas intervenciones, el tribunal dispuso la suspensión temporal de la audiencia hasta este domingo para continuar con la práctica de pruebas. 

Fiscalía concluyó su exposición inicial

La reanudación del juicio ocurre después de 10 días en los que la Fiscalía presentó sus elementos de prueba para sustentar la acusación por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en zonas fronterizas.

 ¿Cómo nació el caso Triple A?

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables

Según esa denuncia, existían diferencias entre los volúmenes de combustible despachados y los montos facturados por varias estaciones de servicio y empresas distribuidoras. 

Los procesados en la causa

En este proceso judicial están involucradas 15 personas naturales y seis personas jurídicas.

Entre las empresas investigadas constan Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel, señaladas por presuntas irregularidades relacionadas con el almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos.

 Las presuntas irregularidades

La Fiscalía sostiene que las empresas investigadas mantenían relaciones comerciales con otras distribuidoras mediante operaciones en las que se habrían detectado inconsistencias en la compra y venta de grandes volúmenes de combustible, especialmente diésel.

De acuerdo con la investigación, varias estaciones que recibieron combustible están ubicadas en zonas fronterizas y áreas mineras, donde existe un régimen específico para la distribución de diésel subsidiado. 

La hipótesis fiscal señala que parte de ese combustible habría sido desviado hacia otros segmentos que no acceden a ese beneficio. 

Uno de los casos analizados

Entre los elementos expuestos por la Fiscalía consta el caso de una estación de servicio que, según un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), adquirió más de siete millones de galones de combustible, pese a contar con una capacidad de almacenamiento cercana a los 10.000 galones.

Según la acusación, únicamente en esa estación afiliada a Copedesa se habría identificado un presunto perjuicio de USD 2,7 millones

La Fiscalía sostiene que el impacto económico aumenta al considerar el resto de operaciones investigadas. 

Más de 22 millones de galones bajo análisis

Durante la exposición de pruebas, el Ministerio Público indicó que el exceso de combustible comercializado por las distribuidoras investigadas alcanzaría 22.777.191 galones, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024.

Con base en esos datos, la Fiscalía estima un presunto perjuicio económico de USD 61,5 millones, monto que, según la acusación, corresponde al lucro cesante generado por las diferencias detectadas entre el combustible despachado y el facturado. 

El juicio continúa con la práctica de pruebas

En esta etapa del proceso, el tribunal continuará escuchando los testimonios y revisando la documentación presentada por las defensas. 

Una vez concluida esta fase, los jueces deberán analizar todos los elementos incorporados durante el juicio antes de emitir una decisión.

Mientras llega el momento del veredicto, las diligencias continuarán en el Complejo Judicial Norte de Quito conforme avance la presentación de pruebas de las partes procesales.