El caso Progen pasa de la Corte Nacional a jueces de primer nivel; ¿por qué?

La prisión preventiva contra Antonio Gonçalves, exministro de Energía y Minas, quedó sin efecto luego de que fue sobreseído el 28 de septiembre dentro del caso Progen.

El sobreseimiento implica que Gonçalves queda fuera del proceso penal y se levanta la medida cautelar que pesaba en su contra. La decisión fue adoptada por el conjuez Marco Albán, quien está a cargo del despacho del juez Rodrigo Sarango desde el 30 de septiembre.

¿Por qué el caso sale de la Corte Nacional?

Tras el sobreseimiento del exministro, el caso Progen dejará de ser tramitada en la Corte Nacional de Justicia porque Gonçalves era el único procesado que tenía fuero de Corte, condición que mantenía por haber ejercido el cargo de ministro de Estado.

Gonçalves ejerció como ministro de Energía y Minas entre el 2 de julio y el 9 de octubre de 2024, durante el Gobierno de Daniel Noboa. 

Una vez que fue sobreseído, el proceso perdió el fuero de Corte. Por ello, el expediente será remitido a uno de los jueces penales de la parroquia Iñaquito, quienes asumieron competencia para conocer casos relacionados con corrupción y crimen organizado tras la eliminación de la Unidad Especializada Anticorrupción. 

Así, el caso Progen continuará en la justicia ordinaria con los 30 procesados restantes y deberá avanzar hacia las siguientes etapas judiciales.

¿Qué implica el sobreseimiento del exministro?

La Fiscalía General del Estado presentó un dictamen abstentivo a favor de Gonçalves al considerar que los elementos recopilados durante la investigación no son suficientes para sostener una acusación en su contra.

El fiscal del caso indicó que "de los elementos recabados no se desprenden circunstancias que permitan presumir" que Gonçalves "haya abusado de su cargo, dispuesto arbitrariamente de fondos del Estado ecuatoriano u omitido el deber legal de precautelar los recursos públicos pertenecientes al Estado". 

El sobreseimiento del exministro no significa el cierre del caso Progen. La investigación y el proceso penal continuarán contra los otros 30 procesados, quienes enfrentan acusaciones por el presunto delito de peculado.

La causa está relacionada con los contratos para la adquisición e instalación de generadores eléctricos en Salitral y Quevedo.

Inicialmente, el expediente tenía 31 procesados, pero con la salida de Gonçalves el número se redujo a 30 imputados.