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Caso Apagón: Fiscalía realiza allanamientos en oficina de uno de los investigados en Guayaquil

Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron la oficina de una empresas vinculada a presuntas irregularidades en la contratación de energía.  

La Fiscalía llegó a las oficinas de la empresa de uno de los investigados en Guayaquil.

FGE.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

14 ene 2026 - 19:11

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional allanaron las oficinas de una de las empresas investigadas dentro del Caso Apagón. El procedimiento se llevó cabo la tarde de este miércoles 14 de enero del 2025. 

El allanamiento se dio en el marco de una investigación por presunto peculado en la contratación de proyectos de generación eléctrica en 2024, durante la crisis energética. 

Los allanamientos se realizan en la oficina de José M., uno de los investigados. Los agentes levantaron indicios como documentos, teléfonos celulares, computadores, dispositivos electrónicos, entre otros. 

Este es el primer allanamiento de este año en este caso. El pasado 28 de agosto del 2025, las autoridades realizaron un procedimiento similar en 11 inmuebles en Guayas y Pichincha

En este caso se investiga presunto peculado (malversación de fondos) en la firma de contratos de generación energética entre la Corporación de Eléctrica de Ecuador (Celec) y la empresa Progen en 2024, durante la crisis energética que vivió Ecuador.

¿Qué investiga el Caso Apagón?

El inicio de la investigación se hizo pública después de que el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara en sus redes sociales que se estaba indagando en los procesos de contratación de Celec realizados durante la emergencia eléctrica declarada en 2024. 

«Cerrarle la puerta a la corrupción es precisamente abrir puerta de esa transparencia», señaló el funcionario en X, quien estuvo encargado del Ministerio de Energía y Minas entre abril y julio de 2024. 

Luque dice que el contrato con Progen se dio tras su salida del Ministerio. Días antes, la Contraloría había determinado que los contratos firmados durante la emergencia energética declarada por el Gobierno causaron un perjuicio económico al Estado.