Fiscalía presenta pruebas contra expolicía en audiencia de juicio del caso González y otros

El fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, estuvo en la instalación de la audiencia de juicio contra el expolicía Darwin Stalin C. R. por la presunta desaparición forzada de tres personas en Guayaquil. el Estado presentó.

El hecho que se juzga ocurrió en noviembre de 2003 en Guayaquil en lo que se denominó el González y otros.

Según las diligencias presentadas por el Ministerio Público, el expolicía Darwin Stalin C. R. fue parte del operativo ejecutado en una farmacia, en el que se habría cometido el delito de desaparición forzosa imputado por Fiscalía.

La etapa de juicio estaba suspendida, porque el acusado se encontraba prófugo, pero fue detenido el 29 de diciembre de 2024, lo que permitió la instalación del juicio 22 años después de ocurrido el hecho.

A las 13:00 de este lunes 10 de noviembre, la audiencia se suspendió hasta las 14:10 para que el fiscal que sustenta la acusación continúe presentando sus pruebas.

El caso González y otros

La mañana del 19 de noviembre de 2003 se ejecutó un operativo antidelincuencial en una farmacia, en el norte de Guayaquil. Un grupo de 20 policías (10 del GIR y 10 de GEA) –con armas de alto poder– abrió fuego contra personas desarmadas.

Ocho recibieron disparos por la espalda, mientras estaban en el suelo: seis presuntos asaltantes, un cliente y un empleado de la farmacia. El cliente (que compraba pañales) fue el que más disparos recibió. El trabajador del local fue alcanzado por un disparo en la cabeza y removido de la escena, al igual que los cuerpos de otros tres. Los uniformados se llevaron a tres personas, dos de ellas desaparecidas hasta la actualidad.

En 2004, estos hechos se judicializaron en una Corte Policial, con la teoría de que intervinieron en un asalto en curso. Entonces, bajo trabas e irregularidades –como la siembra de pruebas en la escena del delito–, el grupo policial fue declarado inocente. No se investigaron las desapariciones.

Con base en el Informe Final “Sin Verdad no hay Justicia”, Fiscalía abrió dos procesos –en 2011 y 2016–, bajo el marco judicial de los derechos humanos. Es decir, el caso entró en materia de imprescriptibilidad, debido a que constituye una violación grave a los derechos humanos, porque fue cometido por agentes estatales en contra de civiles.