40 atentados a funcionarios judiciales se perpetraron en cinco años en Ecuador
15 jueces y fiscales fueron asesinatos a escala nacional en cinco años, según informe del Observatorio de Derechos y Justicia.
Jueces, y fiscales han sido blancos de ataques por parte del crimen organizado en Ecuador.
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Actualizada:
29 ene 2026 - 14:30
La violencia vinculada al crimen organizado no solo golpea a la ciudadanía, sino también al sistema judicial ecuatoriano. Entre 2020 y 2025 se han registrado al menos 40 atentados contra jueces, fiscales y funcionarios judiciales, según un informe del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).
El documento advierte que Ecuador atraviesa una profunda crisis de seguridad. Solo en 2025, el país alcanzó un récord histórico de 8 847 homicidios, superando incluso la cifra de 2023, cuando se contabilizaron 8 248 muertes violentas.
Este escenario ha colocado a Ecuador como el sexto país más peligroso del mundo, según el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025.
En este contexto, el Observatorio señala que los operadores de justicia se han convertido en objetivos estratégicos de las estructuras criminales.
“A través de la corrupción o la violencia, los grupos delictivos buscan cooptar el sistema de justicia para garantizar la impunidad de sus miembros y afianzar sus intereses”, sostiene el informe.
El análisis de los casos registrados detalla que, entre 2020 y 2025, fueron asesinados tres jueces y 12 fiscales, además de tres funcionarios judiciales y seis funcionarios de la Fiscalía.
A estas cifras se suman nueve intentos de asesinato y siete ataques armados contra dependencias judiciales, lo que completa un total de 40 hechos violentos documentados por el ODJ.
Características de los ataques a funcionarios judiciales
A partir de mesas de trabajo y encuestas realizadas con jueces y juezas de todo el país, el ODJ identificó los principales riesgos que enfrentan los operadores de justicia.
El Observatorio de Derechos y Justicia identificó como un problema la falta de protección policial. En la mayoría de los casos, las víctimas no contaban con resguardo, pese haber recibido amenazas previas.
Además, los atentados ocurrieron durante los desplazamientos cotidianos de los funcionarios, como el trayecto entre su domicilio y el trabajo, o en espacios vinculados a sus rutinas diarias, como restaurantes o centros educativos de sus hijos.
El informe también evidencia las diversas formas de intimidación empleadas por los grupos criminales. Estas incluyen amenazas de bomba, hostigamiento digital, mensajes intimidatorios enviados por intermediarios.
Incluso, se han registrado casos de intento de secuestro, colocación de explosivos al interior de vehículos e irrupción de sujetos armados en dependencias judiciales.
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