Segunda Marquetalia, EMC...¿qué son los grupos a los que Petro declarará terroristas?

 El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves 21 de agosto del 2025 que su Gobierno declarará como organizaciones "terroristas" al Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y a dos disidencias de las antiguas FARC, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

La medida marca un giro en la política de “paz total”, pues busca endurecer la respuesta estatal frente a estructuras que combinan el narcotráfico con la violencia armada, el control territorial y la intimidación a comunidades enteras. 

Estas agrupaciones, que en conjunto suman más de 13.000 combatientes, representan hoy la principal amenaza a la seguridad nacional y un reto para la estabilidad de las regiones fronterizas.  

Los grupos estarían relacionados con los ataques que se registraron este jueves en los departamento del Valle del Caica y Antioquía que dejaron 13 muertos y más de 40 personas heridas.  Los grupos paramilitares hicieron estallar un coche bomba cerca de una base militar en Cali y derribaron un helicóptero militar en Almifi, según la información oficial.  

¿Quiénes son estos grupos?

Segunda Marquetalia

La Segunda Marquetalia es una disidencia de las antiguas FARC, declarada en 2019 por Iván Márquez tras romper con el acuerdo de paz de 2016. Conserva un discurso marxista, anclado en la redistribución de tierras, y se define como un movimiento político-militar revolucionario

Según inteligencia oficial, cuenta con aproximadamente 1 700 a 1 800 combatientes, distribuidos en estructuras como Frente 41, Teófilo Forero, Acacio Medina y los Comandos de Frontera, operando en departamentos como Putumayo, Nariño, Cauca, Huila y zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela

En el suroeste colombiano, particularmente en Nariño, ha establecido un control social coercitivo y una forma de orden local, oculto bajo apariencia de obra social y gobernabilidad comunitaria

A fines de 2024, este grupo sufrió una fragmentación: los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico se desligaron, formando la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que actualmente está en negociaciones con el gobierno. Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce, se opuso a esta transición

Estado Mayor Central (EMC)

El Estado Mayor Central (EMC) es otra de las disidencias más estructuradas de las FARC. Con una organización jerárquica cohesiva, ha sido responsable de asesinatos de exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz y de graves violaciones a menores

Tiene más de 3 000 integrantes, cerca de 2 000 en armas y más de 1 000 en redes de apoyo, y domina corredores de narcotráfico en zonas estratégicas como Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, extendiéndose por 22 departamentos y fronteras con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela

Bajo liderazgo de Iván Mordisco, el EMC protagonizó el secuestro de nueve funcionarios en el Cauca en julio de 2025, hecho condenado como una violación del Derecho Internacional Humanitario. Este bloque es una de las principales amenazas a la seguridad regional.

El grupo fue asimismo blanco de ofensivas militares del gobierno en la Amazonía en abril de 2025, donde murieron doce combatientes, como parte de la estrategia para recuperar territorios y combatir economías ilegales

Clan del Golfo

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es identificado como la organización narcotraficante más poderosa del país.

Surgido tras la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, este grupo ha consolidado su estructura criminal más allá del modelo paramilitar original. Cuenta con entre 6 000 y 9 000 miembros, según diversas fuentes, y opera en más de 200 municipios de Colombia, destacando por su sofisticación, capacidad bélica y control territorial

Se especializa en narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores y masacres, además de estar implicado en el tráfico de órganos.

En 2025, el gobierno de Gustavo Petro reabrió negociaciones con este grupo, en un formato descrito como “espacio socio-jurídico”, buscando transformar los territorios bajo su control mediante justicia y desarrollo.