Gobierno de Bolivia y central sindical llegan a acuerdo para levantar las protestas

El Gobierno boliviano y la mayoritaria Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes 19 de junio de 2026 un acuerdo para pacificar el país, tras más de seis semanas de protestas sindicales que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, aunque algunos sectores ratificaron que mantendrán las protestas.

La COB declaró a principios de mayo una huelga laboral y un bloqueo de carreteras, para rechazar la falta de soluciones gubernamentales a la crisis económica, la más grave en 40 años.

La medida provocó carestía de alimentos, medicinas y combustibles en varias ciudades, principalmente en La Paz y su vecina El Alto.

Mario Argollo, máximo líder de la COB, declaró el viernes por la noche que "desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional". Hay "compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito", agregó.

Paz saludó el acuerdo, al afirmar que "el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar".

Los campesinos, indígenas, y trabajadores de fábricas y de minas que se unieron a las protestas exigían la dimisión del gobernante.

El gobierno de Paz abrió la semana pasada un diálogo con Argollo. Mesas de trabajo funcionaron entre los sindicalistas y ministros para alcanzar el acuerdo de este viernes.

Los cortes de rutas llegaron a ser más de un centenar. Hasta ahora han disminuido a la mitad y el gobierno espera que vayan descendiendo en el curso de las próximas horas.

Sin embargo, los indígenas y campesinos del sindicato Túpac Katari de los Andes bolivianos y los cocaleros del Chapare (centro), el feudo del expresidente Evo Morales (2006-2019), han decidido mantener la presión.

"Se ha determinado radicalizar las piquetes (grupos) de huelgas de carreteras", afirmó el dirigente campesino Antonio Mallku, entrevistado por el canal Unitel.

Liberación de detenidos

Los acuerdos prevén conformar mesas de trabajo entre ministros y líderes sindicales para estudiar la liberación de los detenidos, tanto en marchas en La Paz, como en los bloqueos de rutas.

La Defensoría del Pueblo ha establecido que hay más de un centenar de arrestados.

La administración de Paz también se comprometió a no privatizar empresas del estado, como reclaman los sindicatos.

El gobierno sostiene que las manifestaciones fueron promovidas por el expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019), quien pidió acortar el mandato de Paz y llamar a elecciones en 90 días.

Argollo insistió varias veces en que Morales nunca fue el líder de las manifestaciones.

Contra Morales hay una orden de arresto por trata de una menor, un delito que él niega. Se encuentra refugiado en la región cocalera del Chapare, protegido por leales grupos campesinos.