Ordenan captura de Evo Morales por protestas que paralizaron Bolivia

La Fiscalía de Bolivia ordenó, este miércoles 29 de julio de 2026, la detención del expresidente socialista Evo Morales. 

Esa institución investiga al exmandatario por supuestamente liderar las últimas protestas contra el Gobierno que paralizaron el país por más de 50 días.

"El día de hoy (...) se ha librado una orden de aprehensión" contra Morales, en el marco de una pesquisa por decenas de bloqueos de carreteras durante las enormes manifestaciones antigubernamentales de mayo y junio, informó Roger Mariaca, fiscal general del Estado.

Entre mayo y junio, Bolivia registró movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz. Campesinos, obreros y otros sectores señalaban a Paz por no dar una salida a la peor crisis económica en el país en cuatro décadas.

El gobierno denunció entonces un intento de alterar el "orden democrático" por parte de "narcoterroristas", y acusó a Morales de estar detrás de las medidas de presión.

La Paz y El Alto fueron las ciudades más afectadas por las protestas, lo que provocó un agudo desabastecimiento.

Los precios de los alimentos se dispararon, las medicinas escasearon en los hospitales y en las gasolineras se formaron filas que llegaron a durar días.

La investigación fiscal contra Morales parte de una denuncia hecha a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de "terrorismo" y "alzamiento armado".

Este comité es una agrupación de empresarios y líderes civiles. A la denuncia luego se sumó el Ministerio de Gobierno.

Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales, que está prófugo desde octubre 2024.

La policía ya lo buscaba por una acusación de presunta trata de una menor, con la que Morales habría tenido una hija cuando era presidente, un caso que él rechaza y denuncia como persecución.

El expresidente, de 66 años, se encuentra en la zona cocalera del Chapare, protegido por campesinos que montan guardias permanentes para evitar una incursión policial.