De La Espriella viaja a Santa Marta en  medio de una crisis y ordenó militarizar la zona

La calle 30, una de las arterias de la caribeña ciudad de Santa Marta, amaneció el martes 22 de septiembre de 2026 casi vacía.

No pasaban buses ni taxis: desde temprano, los conductores guardaron sus vehículos por temor a las amenazas de encapuchados que les dieron esa orden.

La amenaza no se quedó allí, y dos buses que salieron terminaron incinerados en el puente del barrio 11 de Noviembre, y a pocos metros del comando de la Policía Metropolitana alguien incendió un taxi y una tractomula.

En el Mercado Público de Gaira, en Cristo Rey, las cortinas metálicas bajaron.

A un supermercado sobre la Troncal del Caribe, la vía que atraviesa la ciudad en su zona occidental y la conecta con Barranquilla hacia el suroeste y Riohacha al noroeste, le dispararon por tener las puertas abiertas.

La ciudad de unos 600 000 habitantes, uno de los mayores destinos turísticos de Colombia y capital del departamento del Magdalena, entró en crisis.

A media tarde llegó la respuesta del presidente, que había estado allí mismo la noche anterior, celebrando la operación de seguridad que había producido siete muertes y había desencadenado la arremetida.

“He ordenado, como presidente de la República, que Santa Marta sea militarizada”, dijo Abelardo De La Espriella en un video.

“Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco. El que no se someta será dado de baja”.

Poco después, aviones Kfir de la Fuerza Aérea sobrevolaban el Magdalena, según reportaba Caracol Radio.

El mandatario anunció en el mismo video que viajaría de nuevo en la noche de este martes para ponerse al frente de la respuesta.

Llegó poco después de la medianoche, y, vestido de verde oliva y con una pistola visible en el cinto, recorrió varios barrios en una acción que mostraba la capacidad de la Fuerza Pública de hacer presencia en las zonas congeladas por el temor.

“Ahora estoy aquí en Gaira. Todo está tranquilo. Estos bandidos, cuando no está la fuerza pública, hacen una maldad y se pierden enseguida como los cobardes que son”, se le escucha en un vídeo difundido por sus redes sociales, ataviado con un chaleco antibalas negro y en el que aparece recorriendo la ciudad en un vehículo blindado, saludando militares y dando declaraciones flanqueado por las autoridades civiles y militares locales.

Santa Marta se ha convertido así en protagonista de la primera respuesta significativa de la política de mano dura del Gobierno que suma apenas 46 días.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ACSN, un grupo local de origen paramilitar y con raíces que suman casi el medio siglo, no contestaron con un combate, sino con lo que mejor saben hacer: demostrar que pueden apagar la vida cotidiana de la tercera ciudad más poblada de la región Caribe, de donde es originario el presidente.

“Eso es inédito en Colombia”, dice Luis Trejos, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Norte.

“Ni Pablo Escobar dio la orden de paralizar Medellín”, señala.

El detonante fue la muerte, el lunes, de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como segundo cabecilla y jefe financiero del grupo.

Cayó junto con seis hombres más en Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, en la zona rural y montañosa de Santa Marta, en una operación de la Dirección Antinarcóticos de la Policía con apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Aérea.

De la Espriella celebró el operativo en la ciudad esa misma noche, caminó entre los cuerpos envueltos en bolsas blancas y le puso nombre al siguiente objetivo, el comandante de las ACSN: “El que sigue es alias Pinocho. Tienes fecha de expiración y estamos tras de ti”.

Hacía menos de tres semanas había celebrado del mismo modo la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abatido en la cercana Riohacha por la Policía, cuyo entierro, en una caravana de motos con narcocorridos y disparos al aire, había dejado ver la base social del grupo.

Esa base es la clave, y tiene mucha más fuerza en Santa Marta que en Riohacha.

Las ACSN nacieron a fines de los años setenta como la seguridad privada de los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada.

Bajo el mando de Hernán Giraldo, Los Chamizos enfrentaron a las guerrillas, repartieron ganado y arreglaron fincas, y se asentaron como un poder que era a la vez paramilitar y comunitario, como explican los profesores Trejos, Angélica Rodríguez y Reynel Badillo en “El territorio es tuyo, pero la gente es nuestra”, su investigación sobre los vínculos familiares y emocionales en la guerra por la Sierra Nevada.

Esa doble condición les permitió resistir la absorción de las Autodefensas Unidas de Colombia y, más tarde, la guerra con el Clan del Golfo.

Sobrevivieron también a la desmovilización y la extradición de Giraldo en 2008.

• Colombia levanta la suspensión general del porte de armas

Hoy tienen presencia en 14 municipios de Magdalena, La Guajira (incluyendo Riohacha) y el vecino Cesar, y hasta un 95% de sus miembros son nacidos en la región, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz.

La Fuerza Pública les cuenta 594 integrantes, 334 de ellos en armas; otras fuentes hablan de hasta un millar.

Su verdadero músculo, sin embargo, no está en los fusiles, sino en el dinero: la FIP calcula que la extorsión a comerciantes, hoteles, empresas turísticas y transportadores les deja entre 6 000 y 7 000 millones de pesos al mes, con cobros que van de 30 000 pesos a 30 millones.

Solo en la plaza de mercado de Santa Marta recaudan más de 10.000 millones al año.

El propio Pinocho, Fredy Castillo Carrillo, lo ha explicado sin rodeos: “El turismo y el narcotráfico pagan un impuesto”, dijo a Semana.

A las rutas de droga, añadió, “la organización cobra peaje”.

Esa fuerza se suma a lo que el experto Trejos llama extorsión retributiva: en contraste con la predatoria, la que exige dinero a cambio de nada, este grupo provee seguridad, imparte justicia y regula actividades como el turismo.

Una de sus zonas de control es el popular Parque Natural Tayrona, en la zona rural del distrito de Santa Marta y al que se llega, justamente, recorriendo la Troncal Caribe hacia Riohacha.

Con ese mapa, el paro armado de este martes se entiende mejor.

Un grupo que cobra a los tenderos, a los buseteros y a los hoteles no necesita tomarse la ciudad para paralizarla: le basta con recordar quién manda.

Aunque no es fácil calcular el impacto exacto de lo ocurrido en la jornada, Lerber Dimas, de una organización de derechos humanos local, habla de más del 90% del comercio cerrado; el analista Ariel Ávila, de una ciudad “paralizada al 80%”.

La gobernadora, Margarita Guerra, llegó a decir que no existía un paro armado, aunque horas después reconoció que le preocupaba “de verdad bastante” la situación.Nada de esto es del todo nuevo.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, las ACSN participaron de los diálogos de la política de la paz total, pactaron un cese al fuego que expiró en 2023 y lograron abrir en 2024 un espacio de conversación sociojurídica, con órdenes de captura suspendidas para sus voceros, entre ellos el propio Cholo.

Ese proceso nunca resolvió su principal obstáculo, el marco legal para un sometimiento, y De La Espriella lo cerró formalmente el 28 de agosto.

La militarización recibió de inmediato el respaldo del alcalde, Carlos Pinedo Cuello, y del presidente del Senado, el samario Honorio Henríquez.

La ley permite sacar soldados a las calles cuando la policía local se ve superada, pero el presidente no ha precisado cuánto durará ni con qué alcance.

La Alcaldía, por su parte, suspendió las clases en los colegios rurales y restringió la circulación de motos hasta el jueves.

La pregunta que deja la jornada no es si el Estado puede matar a los jefes de un grupo con medio siglo de historia en la Sierra, sino cómo enfrentar a quienes administran cobros ilegales, proveen seguridad y resuelven conflictos en los barrios y en las veredas.

De La Espriella, por ahora, ofrece un sometimiento sin reglas particulares o una bolsa blanca.

Contenido publicado el 23 de septiembre de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA