Colombia levanta la suspensión general del porte de armas: esto cambia con el nuevo decreto

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, firmó este 8 de septiembre de 2026 el Decreto 1368, que levanta la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en el país. 

El Gobierno colombiano puso fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego que se mantenía en todo el territorio colombiano. 

¿Qué establece el nuevo decreto?

Con la nueva disposición, las autoridades militares deberán restablecer la vigencia de los permisos individuales que cumplan con las condiciones legales.

Esto no significa que cualquier persona pueda portar un arma libremente. Los permisos que estén vencidos, cancelados, revocados, suspendidos o que tengan alguna prohibición legal o judicial no podrán ser utilizados.

Se mantienen los controles

El decreto mantiene los sistemas de registro, control y seguimiento de los permisos para la tenencia y porte de armas. 

Las autoridades también podrán revisar que se cumplan los requisitos y determinar si corresponde suspender, cancelar o revocar una autorización.

La decisión modifica el esquema que estaba vigente desde años anteriores. La suspensión general del porte había sido mantenida por distintos gobiernos y para 2026 estaba prorrogada hasta diciembre.

Las cifras de armas incautadas

De La Espriella justificó la decisión con cifras de la Fuerza Pública. Según informó el mandatario, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 fueron incautadas 15 700 armas de fuego.

De ese total, 14 179 armas estaban relacionadas con la comisión de delitos. El Gobierno también reportó 980 armas vinculadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN. 

Entre las relacionadas con disidencias, señaló además 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.

De La Espriella defiende la medida

El presidente colombiano sostuvo que durante años se restringió el porte a ciudadanos que cumplían la ley mientras los grupos criminales continuaban armándose de manera ilegal.

 Según su argumento, el Estado debe concentrar sus acciones contra las armas utilizadas por organizaciones criminales.

El Gobierno insistió en que el levantamiento de la suspensión no elimina los requisitos ni convierte el porte en una autorización automática. 

Los ciudadanos que pretendan portar armas deberán ajustarse al marco legal y contar con los permisos correspondientes.