Peculado en el caso Reconstrucción de Manabí a los 10 años del terremoto del 16A
El 16 de abril de 2016 la costa ecuatoriana sufrió un terremoto de 7.8 grados de magnitud, con epicentro en Manabí, entre Pedernales y Cojimíes.
El terremoto en Manabí duró casi 75 segundos y dejó 671 fallecidos.
AFP
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Actualizada:
16 abr 2026 - 18:28
A las 18:58 del 16 de abril de 2016 la vida dio un giro en un punto sin retorno. Un movimiento de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió a Manabí y causó una destrucción sin precedentes.
La reconstrucción de Manabí se estimó que costaría alrededor de 300 000 millones de dólares. Para recaudar ese dinero, el presidente de turno, Rafael Correa, creó la Ley de Solidaridad.
Con esta norma se aplicó un alza del IVA del 12% al 14% por un año. Además, a los servidores públicos se les decontó desde un día de salario según su sueldo, de manera escalonada.
El uso de ese dinero desencadenó una investigación que, precisamente fue denominada Reconstrucción de Manabí, en la que se investigaba el delito de peculado en el uso de esos fondos.
La ejecución de 11 obras no urgentes o inútiles causó un perjuicio al Estado de más de 200 millones de dólares, según las autoridades ecuatorianas.
En este caso fueron sentenciados el exvicepresidente, Jorge Glas, y el exsecretario de reconstrucción, Carlos Bernal. Ambos recibieron la pena máxima de 13 años de cárcel, a través de una sentencia del 30 de junio de 2025.
De acuerdo con el Tribunal, ambos sentenciados participaron en el grado de coautores, lejos de pensamientos o impulsos psíquicos, sino a través de acciones por malgastar el dinero recaudado para las víctimas del terremoto.
El exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa fue hallado culpable del uso excesivo de dineros públicos recaudados a través de la Ley de Solidaridad, promulgada por el entonces presidente tras el terremoto ocurrido en Manabí el 16 de abril del 2016.
Tras la decisión de los jueces, Glas y Bernal quedaron inhabilitados de por vida para ejercer un cargo público y perdieron sus derechos políticos por 25 años.
El Tribunal también ordenó que los sentenciados paguen, de manera conjunta, una multa de 32 900 dólares y 250 millones de dólares como medida de reparación integral.
El terremoto dejó 671 fallecidos, más de 6 000 heridos y alrededor de 28 700 personas que lo perdieron todo.
Mientras tanto, aún después de una década hay familias que exigen la ayuda prometida por el Gobierno, en zonas afectadas en las que se vive en medio de infraestructuras que guardan el daño del terremoto que lo cambió todo.
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