Policías revelaron en audiencia indígena una supuesta red de infiltrados para espiar a líderes

Los tres policías retenidos por espiar a Leonidas Iza revelaron la existencia de una red de infiltración de la policía para vigilar a dirigentes del movimiento indígena. Lo hicieron la tarde del jueves 21 de agosto del 2025 en la comunidad de Pambaloma, en Cotopaxi.

Según el testimonio de los agentes de inteligencia, Carlos Uvilla, Brian Díaz y Kevin Guamán, desde el departamento de inteligencia hay una operación conformada por, al menos, 16 efectivos en funciones directas y dos oficiales superiores, quienes coordinaban las acciones para espiar a distintos miembros de la comunidad indígena.

El grupo operativo encargado de vigilar a Iza fue identificado con el nombre “Asadero del cuy”. Sin embargo, también revelaron que había otras operaciones encubiertas para vigilar a otros dirigentes, aunque no revelaron de quiénes se trataban.

De acuerdo con los policías, se operaba dando cobertura desde distintos frentes. Los agentes se hacían pasar por periodistas, abogados, funcionarios en la Asamblea Nacional, entre otros cargos, detallaron.

Incluso, fundaron un medio de comunicación comunitario denominado Wilar RTV hace más de una década. Uno de los supuestos periodistas de ese medio era sargento de la Policía Nacional. Como parte del medio estaba infiltrado en más de una decena de grupos de prensa en Whatsapp.

Además, daba cobertura a todos los eventos y actividades que realizan las organizaciones indígenas y sociales a escala nacional. Según la página web, su sede se encontraba en Guayaquil.

El medio hizo cobertura completa de las protestas que se registraron en Ecuador en 2019 y 2022. Además, en otros espacios como las protestas en contra de la minería en Palo Quemado y Kimsacocha.

Los policías detallaron que los involucrados tenían rangos que iban desde sargento y suboficial hasta capitán. Su objetivo principal era realizar un seguimiento constante a Iza y otros líderes indígenas, recopilando información sobre sus actividades políticas y comunitarias.

El caso ha generado fuerte preocupación en sectores sociales y políticos, al considerarse un atentado contra los derechos colectivos, la libre organización y la transparencia democrática.