El presidente Daniel Noboa envía a la Asamblea Ley para recuperar áreas protegidas en Ecuador

Daniel Noboa envía a la Asamblea Nacional, este sábado 14 de junio del 2025, su tercera ley en su nuevo periodo presidencial. El Presidente de Ecuador envió la Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, calificada de urgencia en materia económica. 

"La propuesta busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de Áreas Protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales", señaló la Presidencia en un Comunicado. 

En este proyecto de Ley, el Gobierno plantea impulsar una gestión más eficiente y fomentar la inversión privada responsable. Todo ello bajo normas estrictas emitidas por la autoridad ambiental, en actividades como turismo, investigación científica, servicios y protección ambiental. 

Las áreas protegidas en Ecuador son Parques Nacionales, Reservas Biológicas,  Ecológicas, Geobotánicas, de Producción Faunística, Marinas, Refugios de Vida Silvestre, y Áreas de Recreación distribuidas en todo el Ecuador.

La ley permitirá, según el Ejecutivo, recuperar y aprovechar de forma sostenible estos espacios. Además de diversificar la economía local, generar empleo, reactivar el turismo y asegurar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad y el desarrollo. 

Esta normativa tiene cinco artículos enfocados a la conservación de las áreas protegidas del país. En el documento oficial se señala que la normativa debe aplicarse en todo el territorio nacional a todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas.

También, indica que tiene como finalidad tres aspectos:

• Generar empleo digno en las comunidades aledañas a las áreas protegidas
• Diversificar la matriz productiva y el desarrollo local a través de actividades ecoturísticas responsables
• Seguridad a las comunidades para evitar actividades ilegales o de economía criminal en sus territorios

De igual forma, la Ley establece que la autoridad competente podrá solicitar a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas seguridad en el perímetro del área protegida, sin perjuicio de gestión de los guardaparques. Mientras que el control en áreas protegidas de difícil acceso será monitoreado con tecnología de vigilancia.

Finalmente, en el documento se indica que la intervención, administración y operación del sector privado de las áreas protegidas se realizará a través de  instrumentos contractuales con el organismo público encargado de su gestión, siempre que exista la prestación de servicios turísticos, la facilitación del disfrute ciudadano del patrimonio natural, la prestación de servicios ambientales, la protección ambiental, la investigación científica u otra actividad determinada en el Reglamento.