Guayaquil: Prefectura notificó a Municipio proceso sancionador por obra en av. del Bombero
El departamento legal del Municipio de Guayaquil se pronunció por la suspensión de una obra por permisos ambientales en Los Ceibos.

El Ministerio del Ambiente ordenó a la Prefectura del Guayas suspender las actividades de ejecución del proyecto en la avenida del Bombero, el 11 de julio. Fotos: Thomas_593/API
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Actualizada:
28 jul 2025 - 17:10
La Prefectura del Guayas y el Municipio de Guayaquil viven horas de tensión. A través de la cuenta de las redes sociales de la Prefectura se informó sobre el inicio del proceso administrativo sancionador por la construcción del paso elevado vehicular en la av. del Bombero, sector Los Ceibos.
Según la notificación, la boleta se emitió por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura. Allí se detalla que el pasado 23 de julio en las conclusiones de un informe técnico emitido por la cartera del Ambiente se indicó que se requiere una licencia ambiental debido a que la construcción estaría dentro de la categorización de impacto alto.
Al respecto, el Municipio de Guayaquil, a través del abogado David Norero, el coordinador legal, rechazó el proceso sancionatorio iniciado por la Prefectura del que suspendió la construcción del paso elevado vehicular en la intersección de la Av. del Bombero.
El pronunciamiento de Norero fue en una rueda de prensa este 28 de julio de 2025. Allí aseguró que la resolución de los informes técnicos o pruebas de laboratorio que justifiquen la suspensión no tienen validez.
Agregó que la Prefectura ya otorgó el registro ambiental en octubre de 2023. “Esta decisión podría retrasar la obra hasta un año. Ya está adjudicada, ya se partió la calle. Esto es un perjuicio al contratista y a la ciudadanía", declaró.
En el proceso desde las Prefectura se estableció un plazo de diez días para que el Municipio conteste al gobierno provincial y se entregue documentación de forma física en el despacho de la Comisaría de Ambiente Instructora de la Prefectura.
El representante legal del Municipio advirtió que si la obra se paraliza por un año, se generará un daño económico al Estado y podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que firmaron la suspensión.
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