Familiares de detenidos en protestas piden información; hay 85 detenidos en el paro nacional

Distintas organizaciones sociales y del movimiento indígena, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), así como los familiares de las personas detenidas en Imbabura, en el marco del paro nacional, solicitan información sobre la ubicación de los manifestantes.

La Conaie y otras organizaciones denunciaron que los 12 detenidos fueron trasladados la tarde de este jueves 25 de septiembre del 25 desde Imbabura hacia las cárceles de Esmeraldas y de Portoviejo.

Familiares y dirigentes indígenas aseguran que estos traslados se hicieron sin notificación adecuada y que las condiciones de quienes son trasladados son desconocidas, por lo que solicitan al Estado transparencia en la información.

En Imbabura incluso se realizó una marcha del pueblo Kichwa Karanki para solicitar la liberación inmediata de los detenidos. Los manifestantes aseguran que los detenidos enfrentan riesgos de salud y seguridad al estar lejos de sus lugares de origen, lo que dificulta el acceso de familiares y la asistencia legal adecuada.

En Imbabura, concretamente en Otavalo, se confirmó la detención de 13 personas durante el paro nacional; entre ellos, ciudadanos adultos, menores y mujeres, según informó la Policía. Las detenciones fueron producto de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Los familiares protestaron con letreros como “No somos terroristas” y denunciaron que algunos de los detenidos requieren medicamentos y tienen condiciones médicas pendientes, lo que agrava su estado al estar lejos de casa.

El Ministro del Interior, John Reimberg informó la tarde de este jueves que en los cuatro días de paro nacional, que se inició el lunes 21 de septiembre, se ha detenido a 85 personas en distintas provincias.

La Fiscalía abrió una investigación contra los detenidos por distintas figuras penales como terrorismo, paralización de servicio público, ataque o resistencia y lesiones.

Las organizaciones sociales acusan al Gobierno de usar la etiqueta de “terrorismo” o atribuir vínculos criminales como parte de una estrategia para justificar detenciones y traslados.