Ecuador recibirá USD 276 millones por extensión del contrato petrolero del bloque Pindo hasta 2037

El Estado ecuatoriano proyecta recibir aproximadamente USD 276 millones adicionales con la extensión del contrato de operación del Bloque 65 - Pindo, ubicado en la Amazonía, hasta el 31 de diciembre de 2037.

El acuerdo también contempla una inversión privada superior a USD 69 millones para el desarrollo del campo petrolero, informó este jueves 16 de julio de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía.

Según la cartera de Estado, la empresa operadora PCR Ecuador asumirá el compromiso de inversión que permitirá ejecutar nuevas perforaciones, modernizar la infraestructura existente e implementar estudios relacionados con energías renovables.

La extensión contractual prevé una producción acumulada de 9,39 millones de barriles de petróleo entre 2026 y 2037. 

¿Qué contempla la inversión de USD 69 millones?

El plan de inversión incluye nuevas actividades de exploración y producción petrolera. Entre las principales acciones previstas están:

• La perforación de tres pozos exploratorios.
• La perforación de cuatro pozos de desarrollo.
• El reacondicionamiento de tres pozos mediante técnicas de fracturamiento hidráulico.
• La construcción de nuevas facilidades de producción.
• La implementación de sistemas de captación y compresión de gas asociado.
• Estudios técnicos para un proyecto de generación de energía fotovoltaica.

El objetivo es incrementar la producción del bloque durante los próximos 11 años y optimizar la recuperación de las reservas disponibles. 

¿Cuánto recibirá el Estado ecuatoriano?

El Ministerio señaló que el Estado captará alrededor de USD 276 millones por concepto de renta petrolera durante la vigencia del contrato. La cartera de Estado indicó que esta cifra representa el 91% de los ingresos petroleros que se estima generará el bloque durante el período de operación.

El contrato extiende la operación del Bloque 65 - Pindo hasta el 31 de diciembre de 2037. La negociación incluyó componentes técnicos, económicos, legales y socioambientales, de acuerdo con el Ministerio.