Cooperativas demandan por inconstitucionalidad Ley que las obliga a convertirse en bancos
La Ley de Integridad Pública fue aprobada el 24 de junio del 2025 y plantea que algunas de las cooperativas se transformen en bancos.

La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario rechaza la Ley.
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Actualizada:
23 jul 2025 - 12:29
La Ley de Integridad Pública suma una nueva demanda de inconstitucionalidad. Las cooperativas rechazaron, este miércoles 23 de julio del 2025, la obligación de convertirse en bancos.
La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) demandó el 4 de julio la inconstitucionalidad de la nueva Ley, cuyo Reglamento fue emitido el martes 22 de julio.
De acuerdo con la disposición transitoria décimoprimera, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tendrá tres meses para emitir las regulaciones para definir qué cooperativas deberán convertirse en bancos.
André Benavides, abogado de Asofipse, señaló que el plazo para conformar esa junta vence el 26 o 27 de julio del 2027. Por ello, recién en diciembre, las cooperativas conocerán cuáles cambiarán de figura legal.
Según Benavides, el gremio no se opone a toda la Ley, ya que “tiene importantes medidas relacionadas con la seguridad del país”. Sin embargo, han solicitado a la Corte Constitucional que suspenda la disposición transitoria como medida cautelar.
Juan Pablo Guerra, director ejecutivo de Asofipse, dice que hay preocupación en el sector porque se desconocen los requsitios, procesos y sanciones en caso de inclumplir la disposición contenida en la Ley.
"No se puede obligar a los más de seis millones de socios que eligieron ser parte del sistema popular y solidario, a pasar a un sistema al que no quieren pertenecer. Bajo la misma lógica podrían mañana obligar a un banco a ser cooperativas", alegó Guerra.
Guerra también dijo que convertir a una cooperativa en banco destruye pilares fundamentales de su conformación original, principalmente el de la democracia participativa, en la que cada socio tiene el mismo valor sin importar su capital.
Asofipse alegó ante la Corte Constitucional que la disposición transitoria viola la Constitución de la República, en la que se garantiza la existencia de un sistema financiero, popular y solidario, con identidad propia y normas específicas.
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