Más de 50 concesiones mineras estaban vigentes en Napo previo a la suspensión indefinida

La minería en la Amazonía volvió a instalarse en el centro del debate público tras la resolución del Gobierno que suspende de forma indefinida la actividad minera en la provincia de Napo, una de las zonas más biodiversas del país. 

La medida, que se adoptó mediante una Resolución emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) el lunes 2 de febrero del 2026 busca frenar los impactos ambientales y sociales de la extracción. Pese a esta decisión, decenas de concesiones mineras continúan legalmente otorgadas por el Estado.

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Ambiente y Energía, en Napo existen 43 concesiones inscritas bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería No Metálica. Aunque este tipo de minería se presenta como de menor escala, según organizaciones ambientales sus efectos acumulativos pueden ser severos, especialmente en territorios amazónicos con ríos frágiles y presencia de comunidades indígenas.

Un mapa dominado por la pequeña minería

En total, la provincia de Napo registra 59 concesiones mineras legalmente entregadas, distribuidas de la siguiente manera:

• Pequeña minería: 55 concesiones (43 de minería metálica, cuatro de minería no metálica y ocho para materiales de construcción)
• Mediana minería: 1 concesión (oro)
• Régimen General: 3 concesiones (no metálicas)

Estos datos revelan que la pequeña minería es claramente predominante en la provincia, tanto en número como en tipo de régimen. 

El oro, principal interés extractivo

Contrario a la clasificación administrativa de varias concesiones como “no metálicas”, el interés extractivo en Napo está fuertemente marcado por la minería metálica, principalmente asociada al oro. De las concesiones registradas, 43 corresponden a minería metálica, frente a apenas 4 no metálicas y 8 destinadas a materiales de construcción.

Este énfasis en el oro explica, en parte, la creciente presión sobre ríos, quebradas y bosques amazónicos, así como el incremento de conflictos socioambientales en los últimos años.

La decisión del Gobierno de suspender de manera indefinida las actividades mineras en la provincia de Napo fue adoptada en medio de alertas por contaminación en fuentes hídricas y su impacto en la salud de las poblaciones locales. 

Desde el Ejecutivo se indicó que la paralización de operaciones busca detener de inmediato los focos de contaminación, mientras se desarrollan inspecciones técnicas y se ponen en marcha procesos de recuperación ambiental en las zonas afectadas. La medida se inscribe dentro de los esfuerzos estatales para contener la minería ilegal, una de las principales amenazas a los ecosistemas amazónicos, según han advertido entidades de control.

Para garantizar el cumplimiento de la resolución, el Gobierno dispuso un operativo conjunto entre distintas instituciones. Organismos de control minero y del agua, junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, asumieron la responsabilidad de vigilar las áreas intervenidas, ejecutar clausuras y prevenir la reactivación irregular de actividades extractivas. Las autoridades señalaron que quienes incumplan la disposición se exponen a sanciones administrativas y a procesos judiciales.

El Ejecutivo aclaró que la suspensión responde a una situación puntual en Napo y no a una modificación general de la política minera nacional. Sin embargo, la medida genera preocupación en sectores locales debido a su impacto económico, en una provincia donde la minería representa una fuente de sustento para numerosas familias.