Justicia suspende ampliación vial en Cotopaxi por riesgo al hábitat del jambato

Un fallo judicial dispuso la suspensión de los trabajos de ampliación de una carretera en la provincia de Cotopaxi, al determinar que el proyecto generaba un impacto ambiental que podría afectar el hábitat del jambato, una rana catalogada en peligro crítico de extinción.

La resolución establece que la obra solo podrá continuar si cumple estrictamente con la normativa ambiental vigente. El Movimiento Animalista Nacional lo dio a conocer el lunes 23 de febrero de 2026.

El proyecto corresponde a la apertura de la vía Angamarca–El Corazón–Ambato, que busca conectar las provincias de Cotopaxi y Tungurahua.

Durante la primera audiencia, la jueza Mónica Treviño solicitó la comparecencia de especialistas para determinar si existía un daño real sobre la especie.

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Entre los testimonios, la bióloga María del Carmen Vizcaíno, directora ejecutiva de la Alianza Jambato, advirtió que los meses de febrero y marzo son críticos para la supervivencia del anfibio, ya que es el período reproductivo en el que los ejemplares descienden hacia los ríos.

El caso tuvo un giro cuando los abogados que impulsaron inicialmente la acción se retiraron y pidieron archivar el proceso.

Sin embargo, la magistrada determinó que, al tratarse de una posible vulneración de los derechos de la naturaleza, el expediente no podía cerrarse. Por lo tanto, solicitó a la Defensoría del Pueblo de Chimborazo asumir la defensa.

Durante el proceso judicial, se presentaron cerca de una decena de Amicus Curiae, los cuales aportaron información científica sobre la situación de la especie.

El jambato (Atelopus ignescens) fue declarado extinto en 2004 tras la drástica disminución de sus poblaciones en la década de 1980. Sin embargo, casi 30 años después fue redescubierto en la parroquia Angamarca, en Cotopaxi, donde se mantiene la última población conocida.

Este anfibio habita ecosistemas altoandinos y cumple un rol clave en el equilibrio ecológico, especialmente en el control de insectos.

Durante la audiencia también se reveló que el Ministerio del Ambiente había revocado el certificado ambiental del proyecto.

Aunque la resolución puede ser apelada, por ahora los trabajos deberán permanecer paralizados hasta que se garantice la protección del ecosistema y el cumplimiento de la normativa ambiental. La Prefectura de Cotopaxi no se ha pronunciado sobre el caso.