Ecuador ejecutó 386 operativos contra la minería ilegal en 2025

Durante 2025, las autoridades ejecutaron 386 operativos de control contra la extracción ilícita de minerales en distintos puntos del país, como parte de las acciones estatales para frenar una actividad vinculada a redes delictivas, daños ambientales y riesgos para las comunidades. 

Según cifras oficiales, estas intervenciones generaron una afectación económica superior a USD 1,1 millones a las estructuras dedicadas a la minería ilegal.

Los operativos fueron desarrollados de manera conjunta por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el Ministerio de Ambiente y Energía, con presencia en zonas consideradas de alta conflictividad. De acuerdo con la información difundida, las acciones buscaron debilitar la logística utilizada para la extracción y comercialización ilegal de minerales.

La intensificación de los controles se evidenció en las últimas semanas del año. Entre el 22 y el 28 de diciembre se ejecutaron 11 operativos en sectores de Zamora Chinchipe, Loja, Chimborazo, Azuay, El Oro y Napo, provincias donde se ha identificado una mayor incidencia de minería ilegal. En estos puntos se intervinieron campamentos y frentes de explotación no autorizados.

Como resultado de las intervenciones, las autoridades reportaron la destrucción de seis máquinas y la inhabilitación de otras tres, además de la eliminación de 20 bocaminas y la inutilización de 19 zarandas clasificadoras. 

También se destruyeron nueve bombas de agua y cuatro generadores eléctricos, considerados parte de la infraestructura empleada para estas actividades. A esto se suma el decomiso e inhabilitación de 4.830 galones de diésel, combustible que habría sido utilizado para las operaciones ilegales.

La minería ilegal continúa siendo señalada como una de las actividades que más presión ejerce sobre los ecosistemas, en especial en zonas de alta biodiversidad, y como una fuente de financiamiento para grupos irregulares. Las autoridades han advertido que, más allá de los impactos económicos, esta práctica genera contaminación de ríos, deforestación y conflictos sociales en las áreas donde se desarrolla.

Aunque los operativos se mantuvieron de forma sostenida durante el año, el fenómeno de la minería ilegal persiste en varias provincias del país, lo que plantea desafíos en materia de control, prevención y alternativas económicas para las comunidades afectadas.