Biocorredor Amazónico entra en fase de ejecución con la creación de una estructura técnica

El Biocorredor Amazónico (BCA), una de las iniciativas de conservación más amplias del país, cerró 2025 con avances institucionales y técnicos tras la conversión de deuda por naturaleza concretada en diciembre de 2024. 

La operación permitió destinar alrededor de 460 millones de dólares para conservación y generó cerca de 800 millones de dólares en ahorros fiscales, recursos que ahora deben ejecutarse bajo un nuevo esquema de gobernanza. 

Uno de los pasos clave fue la creación del Fondo BCA, constituido el 20 de noviembre de 2024, que operará como la instancia encargada de administrar el financiamiento derivado de la transacción.

En 2025, su estructura se consolidó con la conformación de una Junta Directiva multisectorial, integrada por representantes estatales, pueblos indígenas, academia y especialistas independientes en conservación y finanzas. Las designaciones no estatales se realizaron mediante convocatorias públicas difundidas en diez lenguas indígenas, con el fin de garantizar participación territorial y diversidad de criterios.

La entidad también completó la selección de su Dirección Ejecutiva y del equipo operativo, responsables de ejecutar las inversiones bajo criterios de integridad, eficiencia y enfoque intercultural. Su gestión será determinante para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades y a los territorios priorizados para conservación.

En el plano técnico, uno de los desarrollos centrales fue la creación del Marco de Seguimiento y Evaluación (MyE), que permitirá medir el desempeño de los proyectos financiados con indicadores y metodologías estandarizadas. Este sistema busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en un programa que manejará fondos de largo plazo y que tiene compromisos de reporte ante actores nacionales e internacionales.

Además, el Programa avanzó en el diseño del Sistema de Salvaguardas Sociales y Ambientales, que regulará cómo deben ejecutarse las intervenciones para prevenir riesgos socioambientales y proteger los derechos colectivos de las comunidades amazónicas. Su implementación será clave para evitar impactos no deseados en territorios indígenas y ecosistemas sensibles.

El Biocorredor Amazónico tiene como meta mejorar la gestión de 4,6 millones de hectáreas, proteger 1,8 millones adicionales y resguardar 18 000 kilómetros de ríos. Con estos objetivos, la iniciativa ingresa a una fase en la que la vigilancia pública, el cumplimiento de salvaguardas y la efectividad de la gobernanza serán determinantes para su credibilidad.

Aunque el proyecto es señalado como un posible referente regional, especialistas advierten que su éxito dependerá de la transparencia en el uso de los recursos y de la capacidad de implementar proyectos que respondan a necesidades reales de la Amazonía ecuatoriana, un territorio históricamente afectado por explotación petrolera, deforestación y conflictos por tenencia de tierras.